La tarea que tiene la Contraloría General del Estado, es muy importante, en el rol administrativo, para poder fiscalizar las actuaciones de la Administración Pública. Sin embargo la irresponsabilidad de las actuales autoridades al elaborar informes con errores, caen en un evidente abuso de derecho al vincular temas exclusivamente administrativos con Informe de Responsabilidad Penal, infundados, mal intencionados que ponen en peligro la institucionalidad, la seguridad jurídica y el garantismo de derechos. La materia administrativa cuando no debe trasladarse a la materia penal se convierte en un atentado de derechos humanos haciéndoles responsables directos de esas vulneraciones de derecho. Especialmente en el caso del tipo de peculado, cuando no cumplen con los elementos constitutivos, los verdugos del estado de inocencia cuando Fiscalía pide prisión preventiva es también el poder judicial. Un estado de derechos se construye con institucionalidad, con independencia de poder, con respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, pero sobretodo con respecto a la ley.
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